En estos tiempos dónde  la ciudadanía se ve menguada de sus derechos constitucionales, derechos  a un sueldo digno, derecho  a una vivienda, derecho  a la igualdad ante la ley, ya  sea por los bancos o por los estamentos políticos, surge un nuevo caso donde los trabajadores y sus familias vuelven a verse en la desesperación y el desamparo de las instituciones. Es el caso de IMESAPI , una empresa que trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona en el sector del alumbrado público. Además,  suso dicha empresa forma parte del consorcio empresarial del ilustrísimo y nada pobre Florentino Pérez; el caso es el siguiente: IMESAPI cobra del Ayuntamiento por realizar las labores de alumbrado dónde quedan especificadas las partidas que son para gastos diversos, a la vez que también hay una especificación o partida para los sueldos de los trabajadores. Pero  he aquí, que  una vez IMESAPI ha cobrado del Ayuntamiento de Barcelona la partida para los gastos, incluido el sueldo de los trabajadores en plantilla actual, decide  hacer despidos sistemáticos buscando subterfugios a los empleados de su propia empresa. Uno  de los detalles mas surrealistas, es que contratan a un equipo de detectives para investigar a los trabajadores, de tal manera que puedan justificar los despidos por incumplimiento o mala praxis de sus empleados, pero  parece que el ayuntamiento e IMESAPI se han puesto de acuerdo, ya han llegado a la conclusión de que los trabajadores subrogados son más caros que los normales. Así  que la idea debió ser: “Vamos a despedirlos y nos quedamos el dinero de sus familias y que les den, estamos  en crisis”. Lo más irreal no es que los responsables de IMESAPI están vulnerando los derechos civiles de los trabajadores sin ningún tipo de escrúpulos, si no que el

Ayuntamiento sí ha pagado y por tanto, las nóminas y los puestos de trabajo no tendrían por qué correr ningún riesgo, he incluso solo que el Ayuntamiento de Barcelona presionara lo suficiente nada de esto estaría pasando. Aún así, la avaricia de ciertos sectores sociales sigue siendo patente en cada caso donde las familias españolas son las perjudicadas. Detrás  de cada trabajador hay niños, hipotecas, alquileres… Estamos hablando de un mal innecesario solo por pura codicia, por  augmentar las cuentas de los mismos avaros de siempre. Antes  de que lleguen los desahucios y tener que llamar a organizaciones civiles para que protejan al ciudadano, evitemos que destruyan puestos de trabajo injustificadamente por culpa de los corruptos de siempre. Somos ciudadanos, pero entre nosotros hay niños y ellos sufren el trauma por ver como sus padres lo pierden todo. No dejemos que las familias de los trabajadores de IMESAPI sufran por mantener el estatus quo de gente que ni lo merece ni lo necesita.